El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, pidió a la Corte Penal Internacional que active las ordenes de captura contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y varios dirigentes chavistas, mientras el oficialismo de Venezuela lo tilda de falso defensor de los derechos humanos.

Petición oficial de Argentina

En un comunicado presentado en La Haya, el presidente Javier Milei y su equipo exigen que la Corte Penal Internacional active las ordenes de captura emitidas por la ONU contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del chavismo. La solicitud se enmarca dentro de la denuncia de violaciones sistematicas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

¿Qué implica activar una orden de captura?

Cuando la Corte Penal Internacional autoriza la ejecución de una orden, los Estados miembros están obligados a detener a la persona señalada y facilitar su entrega a la Fiscalía del Tribunal. La medida busca garantizar la rendición de cuentas por delitos graves y evitar la impunidad.

Respuesta del chavismo

El gobierno venezolano respondió calificando a Milei de "falso defensor de los derechos humanos" y acusándolo de usar la justicia internacional como arma política contra Caracas. En declaraciones oficiales, el partido oficialista denunció una campaña de hostilidad que, según ellos, busca desestabilizar al país.

Contexto de la disputa

Argentina y Venezuela mantienen tensiones diplomáticas desde la asunción de Milei, quien ha criticado abiertamente al chavismo por su gestión económica y su autoritarismo. Por su parte, el régimen de Maduro ha acusado a la administración argentina de intervenir en asuntos internos y de intentar legitimar sanciones internacionales.

Implicancias internacionales

La petición argentina pone a prueba la capacidad de la Corte Penal Internacional para ejercer presión sobre gobiernos que no reconocen sus decisiones. La comunidad internacional observa atentamente, ya que una posible activación de las ordenes podría marcar un precedente en la aplicación de la justicia penal internacional a líderes en ejercicio.

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