Contexto y objetivo de la reforma

Ante el aumento de la violencia y los casos de corrupción, el Gobierno anunció en noviembre de 2025 su intención de modernizar el Código Penal argentino. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia y los asesores del presidente, pretende agravar las penas para los delitos más graves, introducir nuevas tipificaciones penales y establecer la imprescriptibilidad de ciertas conductas consideradas de alta gravedad social.

Principales cambios propuestos

• Agravamiento de penas:se duplican los rangos máximos de prisión para delitos como homicidio agravado, violación, tráfico de drogas y robos con violencia.
• Nuevas figuras penales:se incorpora el delito de "corrupción agravada" que contempla a funcionarios que utilicen recursos públicos para beneficio personal, y la "reincidencia en delitos de terrorismo interno".
• Imprescriptibilidad:se declara imprescriptible la responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada y delitos de corrupción que superen los 10 años de condena.
• Modificaciones a la legítima defensa:se amplía el criterio de proporcionalidad, permitiendo una defensa más flexible frente a agresiones graves.

Procedimiento legislativo

El proyecto de reforma será remitido al Congreso a finales de noviembre de 2025. Según fuentes oficiales, la Cámara de Diputados y el Senado contarán con 90 días para discutir y aprobar los artículos presentados. De aprobarse, la ley entraría en vigor a los 180 días siguientes, con periodo de transición para la adaptación de los operadores judiciales.

Reacciones y expectativas

La medida ha generado un debate amplio. Organizaciones de derechos humanos aplauden la imprescriptibilidad de crímenes graves, mientras que algunos juristas advierten sobre el riesgo de sobrecargar el sistema penitenciario. La oposición política ha pedido garantías de que la reforma respete los principios de proporcionalidad y debido proceso.

Próximos pasos

El Ejecutivo ha anunciado una campaña de información dirigida a la ciudadanía y a los profesionales del derecho, con el objetivo de explicar los cambios y facilitar su aplicación. La espera ahora recae en el Congreso, que decidirá si la reforma se convertirá en la nueva carta penal del país.