El Gobierno argentino, encabezado por Javier?Milei, avanza en una reforma penal que plantea eliminar el agravante de femicidio y pone en tela de juicio la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, generando un intenso debate entre legisladores, organizaciones de derechos humanos y la opinión pública.

En una rueda de prensa celebrada en la Casa Rosada, el presidente Javier?Milei confirmó que el Ejecutivo no descarta eliminar el agravante de femicidio propuesto en el nuevo Código Penal, argumento que ha generado polémica entre activistas y especialistas en género. Actualmente, el Código incorpora un agravante que eleva la pena cuando el homicidio se comete contra una mujer por razones de género. El gobierno sostiene que la medida podría «desnaturalizar» la tipificación del delito y propone una alternativa basada en la gravedad del acto y la violencia ejercida. Por su parte, la Oficina de la Mujer argumentó que retirar el agravante debilitaría la protección legal de las víctimas y dificultaría la persecución de crímenes de odio. En paralelo, el presidente Milei cuestionó la idea de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Aunque el proyecto de reforma penal incluye la posibilidad de hacer imprescriptibles ciertos delitos de corrupción, la autoridad ejecutiva señaló que la medida necesita una evaluación cuidadosa para evitar efectos adversos en el sistema judicial y en la capacidad de los fiscales para investigar casos antiguos. La discusión se produce en un contexto de creciente presión social para combatir la corrupción estructural y la demanda de justicia rápida. La reforma penal, conocida por el gobierno como una “justicia férrea”, también contempla otras modificaciones: endurecimiento de penas para robos con violencia, ampliación de los delitos de violencia de género y la inclusión de nuevas figuras como el “delito de desinformación”. Los legisladores de la coalición oficialista han recibido la propuesta con reservas, mientras que la oposición la califica de regresiva y de retroceso en derechos humanos. Mientras tanto, la vicepresidenta y ministra de Seguridad, Victoria?Bullrich, acompañada por el ministro de Seguridad, José?Adorni, confirmó que el proyecto de reforma será enviado al Congreso en las próximas semanas. La iniciativa contempla la participación de expertos en derecho penal, representantes de la sociedad civil y autoridades judiciales para su revisión final. El debate sigue abierto y se espera que el Congreso de la Nación examine cada uno de los puntos críticos durante la próxima sesión legislativa, marcada por intensas audiencias públicas y la intervención de organizaciones internacionales que monitorean los estándares de derechos humanos en América Latina.