El nuevo mandatario boliviano asumirá el cargo en medio de una profunda recesión, una inflación que supera el 90% anual y una marcada escasez de dólares y combustible, factores que complicarán su proyecto de gobierno y generarán tensiones sociales y políticas en los próximos meses.

Contexto económico del país

Bolivia atraviesa una recesión que se evidenció en la caída del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación ha escalado hasta superar el 90?% anual, erosionando el poder adquisitivo de los hogares y encareciendo los insumos básicos.

Escasez de dólares y combustible

La falta de reservas internacionales ha provocado una aguda escasez de dólares, lo que a su vez afecta la importación de combustible. Las estaciones de servicio reportan filas y racionamiento, mientras que el mercado negro de divisas se ha expandido, generando incertidumbre para empresas y consumidores.

Desafíos políticos para el nuevo presidente

El mandatario electo, que tomará posesión en noviembre de 2025, heredará un escenario de alta tensión social. Los sindicatos y movimientos sociales han iniciado protestas por el encarecimiento de la vida y la falta de suministro de energía. Además, la oposición política ha señalado la necesidad de una "transición suave" que incluya reformas estructurales.

Posibles medidas de gobierno

Expertos sugieren que el nuevo gobierno podría:

• Negociar líneas de crédito con organismos internacionales para reforzar las reservas de dólares.
• Implementar un plan de estabilización macroeconómica que incluya el control de precios y la revisión del subsidio al combustible.
• Promover la diversificación de la matriz energética, incentivando fuentes renovables para reducir la dependencia del petróleo importado.

Repercusiones internacionales

La situación boliviana atrae la atención de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que han reiterado la necesidad de políticas fiscales prudentes y de fortalecer la confianza del sector privado.