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07/12/2025 11:06 • POLITICA • POLITICA
Alfredo Díaz es una figura emblemática de la oposición venezolana. Fue gobernador del estado Táchira entre 2008 y 2012 y, desde entonces, ha participado activamente en la militancia contra el chavismo. Su trayectoria incluye cargos en la Asamblea Nacional y la coordinación de movimientos civiles que denuncian la ausencia de libertades democráticas en el país.
Díaz fue detenido a finales de 2023 bajo cargos de conspiración y financiación del terrorismo, acusaciones ampliamente cuestionadas por organismos de derechos humanos. Desde entonces permaneció bajo medidas cautelares en el complejo conocido como El Helicoide, sede del Servicio de Inteligencia del Ministerio del Poder Popular para la Interior. El Helicoide, construido originalmente como centro comercial, se ha convertido en una de las prisiones más temidas de Venezuela, señalada por la ONU y Amnistía Internacional como centro de tortura y malos tratos.
Según los medios locales, a principios de diciembre de 2025 el preso experimentó una súbita crisis de salud que resultó mortal. Las autoridades del gobierno declararon que la causa de la muerte fue un infarto, pero organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OCHCHR) pidieron una investigación independiente.
Los líderes opositores nacional e internacional expresaron su consternación. Juan Guaidó, quien encabezó la delegación de la oposición en 2020, calificó el suceso de “otro atropello del régimen contra la dignidad humana”. El presidente de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que abra una comisión de investigación.
El fallecimiento de Díaz se inserta en un escenario de creciente presión internacional sobre Venezuela. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos ya han impuesto sanciones a funcionarios vinculados al aparato de seguridad. La muerte de un opositor tan visible podría reforzar los argumentos para un mayor aislamiento diplomático y económico del gobierno de Nicolás Maduro.
Organizaciones de derechos humanos planean iniciar una campaña de presión para obtener documentos forenses y testimonios de testigos. Mientras tanto, la familia de Alfredo Díaz ha anunciado que buscará iniciar acciones legales contra el Estado venezolano por violación de garantías constitucionales y derechos humanos.