08/12/2025 19:03 - Politica
El pasado miércoles Susana?Medina dejó la presidencia de la Asociación de Mujeres Jueces después de que varios sectores solicitaran su juicio político. El procedimiento, que corresponde a la Constitución Nacional, busca determinar si un funcionario incurrió en conductas incompatibles con el cargo, sin entrar automáticamente en la esfera penal.
El juicio político es una herramienta de control institucional que permite al Congreso evaluar la idoneidad de un público funcionario. Su objetivo es sancionar conductas graves de índole administrativa o ética, mientras que los hechos tipificados como delito deben ser canalizados al sistema judicial.
El diputado Wortman?Jofré, integrante de la Comisión de Justicia, declaró que el caso Medina “exige una doble investigación: política y penal”. Según Jofré, existen indicios de maniobras irregulares dentro de la Asociación y, al mismo tiempo, sospechas de actos que podrían constituir delito, como presunto uso indebido de recursos y coacción a juezas.
En declaraciones recogidas por medios locales, el abogado y analista político Armesto advirtió que “el objetivo de estos ataques es cansar a la doctora Medina para forzar su renuncia”. El relato incluye denuncias de acoso digital y campañas de desinformación dirigidas a la mandataria de la entidad.
El caso abre un debate sobre la independencia del poder judicial y la necesidad de proteger a las mujeres en la profesión. La Asociación de Mujeres Jueces, fundación que agrupa a más de 1?200 magistradas, ha reiterado su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de las mujeres ante posibles represalias.
El Congreso deberá decidir si procede con el juicio político, mientras que la Fiscalía General de la Nación ha sido citada para evaluar la apertura de una causa penal. Ambas instancias actuarán de manera paralela, garantizando que cualquier posible infracción sea investigada con el rigor necesario.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones