Los gobiernos de la Unión Europea acordaron, este lunes 5 de diciembre, endurecer sus normas migratorias, aprobando la apertura de centros de deportación fuera del bloque y reforzando los criterios de asilo, en un intento por reducir la llegada de migrantes irregulares.

Decisión histórica del Consejo Europeo

En la reunión del Consejo Europeo celebrada el 5 de diciembre de 2025, los 27 Estados miembros votaron a favor de un paquete de reformas migratorias que busca “reducir la presión sobre los sistemas de asilo y reforzar la seguridad de las fronteras exteriores”. La votación se aprobó por consenso, aunque España expresó reservas respecto a la ubicación de los nuevos centros de deportación.

Principales medidas adoptadas

• Creación de centros de deportación externos: se autoriza la instalación de estructuras de retorno en países terceros que colaboren con la UE, con el objetivo de acelerar la expulsión de personas cuya solicitud de protección sea denegada.
• Endurecimiento de los criterios de asilo: se reforzará la aplicación del Reglamento de Dublín, limitando la posibilidad de presentar solicitudes en varios Estados y facilitando la devolución a primer país de entrada.
• Mayor apoyo a Frontex: la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras recibirá recursos adicionales para reforzar la vigilancia y los operativos en la zona de Schengen exterior.
• Procedimientos de retorno acelerados: se simplificarán los trámites judiciales y administrativos, reduciendo los plazos para la ejecución de órdenes de expulsión.

Reacciones y controversias

España, que ha defendido históricamente una política migratoria más humana, manifestó su oposición a la instalación de los centros fuera del territorio europeo, argumentando que podría vulnerar derechos fundamentales. Por otro lado, países del este como Polonia y Hungría aplaudieron la medida, considerándola “esencial para la seguridad nacional”. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, advirtieron sobre el riesgo de que los centros de deportación se conviertan en “puntos de detención sin garantías legales”.

Contexto europeo

Esta decisión se enmarca en una creciente presión migratoria en la UE, exacerbada por conflictos en Oriente Próximo, África subsahariana y la crisis económica de algunos países del sur del continente. La política anterior, basada en la cooperación con Turquía y acuerdos de readmisión con Libia, ha mostrado limitaciones, lo que llevó a los dirigentes a buscar soluciones “más estructurales”.

Próximos pasos

El Consejo acordó que la Comisión Europea presente un proyecto de reglamento antes del 15 de enero de 2026, para definir los criterios de selección de los países socios y las garantías de los derechos humanos. Mientras tanto, los parlamentos nacionales debatirán la ratificación de la normativa, que podría entrar en vigor a mediados de 2026.

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