Orden judicial de vigilancia

El 7 de diciembre de 2025 un juez federal emitió una resolución que dispone la vigilancia permanente de la mansión ubicada en la zona de Pilar, provincia de Buenos Aires, propiedad que le fue adjudicada al presidente de la AFA, Ricardo "Chiqui" Tapia. La orden surge a raíz de denuncias de los vecinos del barrio Villa Rosa, que alertaron sobre la presencia de un helipuerto privado y un asfalto de características especiales, elementos que podrían indicar un uso indebido de recursos.

Antecedentes y sospechas de los vecinos

Los residentes de Villa Rosa comenzaron a percibir movimientos inusuales cuando, a mediados de 2025, se iniciaron obras de ampliación que incluían un helipuerto y una pista de asfalto a medida. Según la prensa local, los vecinos presentaron una serie de quejas al municipio, señalando que la construcción no contaba con los permisos habituales y que la infraestructura parecía estar pensada para usos privativos y de alto nivel.

Designación del magistrado responsable

El juez designado para llevar adelante la investigación es un magistrado de la Justicia Federal que aún no ha sido identificado públicamente. Su misión será determinar si la adjudicación de la propiedad se realizó bajo los cauces legales correspondientes y si existen posibles actos de corrupción vinculados al dirigente deportivo.

Relación con empresas y patrimonios vinculados

En paralelo, se ha puesto bajo la lupa a una empresa de una jubilada vinculada a Tapia, la cual, según informó Cadena 3 Argentina, posee 120 automóviles de lujo. La magnitud del patrimonio ha generado dudas sobre la procedencia de los recursos que permitieron la compra de la mansión y la adquisición de los vehículos.

Posibles implicancias en la AFA

Asimismo, el Diario El Día de La Plata señaló que un juez del Tribunal de la AFA podría iniciar investigaciones contra Tapia por presuntos conflictos de interés y posibles irregularidades en la gestión del club. La situación ha reavivado el debate público sobre la transparencia de los dirigentes deportivos y la necesidad de una mayor fiscalización.

Qué se espera del proceso

La vigilancia ordenada por la justicia implica la presencia de guardias y la realización de auditorías periódicas sobre la actividad del inmueble. Si se comprueba alguna irregularidad, se podrían iniciar procedimientos penales que afectarían tanto al ámbito deportivo como al patrimonial del dirigente.