A fines de este año la provincia de Mendoza abre la puerta a una inversión de US$35.000 millones en minería metalífera, pese a la polémica generación de la Ley de Glaciares que regula el uso del agua. El gobernador Alfredo Cornejo defendió la decisión mientras el proyecto PSJ Cobre Mendocino recibió el visto bueno nacional.

Inversiones históricas en el sector minero

El Gobierno de Mendoza anunció que la zona recibirá alrededor de US$35.000 millones en inversiones para la extracción de cobre y otros metales. Estas cifras colocan a la provincia como una de las principales áreas de desarrollo minero de Argentina en los próximos años.

Contexto legal: la Ley de Glaciares

La Ley Nacional de Glaciares, aprobada en 2022, establece restricciones al uso de aguas originarias de glaciares para actividades industriales, incluida la minería. El debate se intensificó cuando la legislatura mendocina aprobó una normativa que permite el uso del recurso hídrico bajo ciertos controles, generando críticas de grupos ambientalistas.

Reacción del gobernador Alfredo Cornejo

Ante la polémica, el gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que "habrá mucho control" y que la actividad minera será compatible con la protección de los glaciares. Cornejo afirmó que la normativa provincial contempla monitoreos estrictos y que la inversión aportará miles de empleos directos e indirectos.

Proyectos clave aprobados

• PSJ Cobre Mendocino: el proyecto, liderado por la empresa estatal Pan American Silver, obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Energía y Minería. Se prevé una producción anual de 120.000 toneladas de cobre.
• Otros proyectos de menor escala también fueron autorizados, enfocándose en la extracción de litio y oro, siempre bajo el marco regulatorio de la Ley de Glaciares.

Impacto económico y social

Según estimaciones, la inversión generará entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo directos y multiplicará la actividad económica en la región, impulsando sectores como la logística, la construcción y los servicios. Las comunidades locales esperan mejoras en infraestructura y desarrollo social, aunque persisten demandas de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.

Críticas y desafíos

Partidos opositores y organizaciones ambientales siguen alertando sobre los riesgos de contaminación hídrica y la posible degradación de ecosistemas glaciares. La discusión se centra en equilibrar los beneficios económicos con la preservación del patrimonio natural de la Patagonia occidental.

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