11/12/2025 09:04 - Politica
Panorámica de la cordillera de los Andes en Mendoza con maquinaria minera y cielo claro, estilo realista
Alfredo Cornejo hablando en un podio frente a una bandera argentina, con fondo de minas y símbolo de control ambiental
Manifestación de activistas ambientales en Mendoza sosteniendo carteles contra la minería, estilo fotográfico
Esquema de un comité de monitoreo ambiental con íconos de agua, tierra y minas, diseño infográfico
Mapa de Mendoza resaltando áreas de extracción minera y cuencas hídricas, estilo ilustración en tonos tierra
Durante la primera semana de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación aprobaron la reactivación de la minería metalífera en la provincia de Mendoza. La votación contó con el apoyo de cinco senadores del Partido Justicialista (PJ), y la decisión marcó un hito político al romper con la postura tradicional kirchnerista que se oponía al proyecto.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue el artífice de la negociación. Según informes de Clarin.com, Cornejo logró convencer a los cinco senadores mediante compromisos de “licencia social” y la promesa de implementar controles ambientales más estrictos. En declaraciones a Infobae, el mandatario aseguró que "habrá mucho control" y que el sector minero cumplirá con normas de protección del agua y del suelo.
Organizaciones ecologistas y comunidades locales denunciaron el riesgo de contaminación de cuencas hídricas y la posible destrucción de ecosistemas. El artículo de Página|12 destaca la preocupación por la “destrucción ambiental e impunidad” asociada al proyecto, mientras que Perfil citó a Hebe Casado, presidenta de la Cámara Mínima de la Industria Minera, quien afirmó que se está trabajando para obtener la licencia social de la actividad.
Los defensores del proyecto argumentan que la minería generará empleo, inversión extranjera y dinamizará la economía provincial, que busca diversificar su producción agrícola tradicional. Sin embargo, la oposición sostiene que los beneficios económicos no compensan los posibles daños ambientales y que la comunidad debe ser escuchada antes de avanzar.
El gobierno provincial anunció la puesta en marcha de un programa de monitoreo ambiental y la creación de un comité consultivo integrado por autoridades, representantes de la industria y organizaciones sociales. Este organismo tendrá la responsabilidad de supervisar la extracción, el uso del agua y la gestión de residuos a lo largo de la vida del proyecto.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones