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12/12/2025 01:04 • POLITICA • POLITICA
La llamada “Operación Cuadernos” se desencadenó en 2018 cuando se descubrieron cientos de libretas anotadas por el ex?vicepresidente Amado Boudou, que supuestamente listaban pagos de coimas a funcionarios del gobierno kirchnerista entre 2005 y 2015. Desde entonces, más de 30 empresarios y funcionarios han sido procesados.
En la audiencia del 12/12/2025, varios empresarios presentaron sus descargos. En sus declaraciones, aseguraron haber sido "presionados" y "extorsionados" por funcionarios vinculados al kirchnerismo para pagar «sobornos regulares» a cambio de contratos públicos.
Los imputados señalaron que la extorsión consistía en cobrar una cuota fija del 5?% del valor de los contratos adjudicados, bajo la amenaza de perder el acceso a licitaciones o de sufrir auditorías arbitrarias. Afirmaron que la presión provenía de cargos cercanos a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su entorno.
Varios testigos describieron una habitación conocida como la “Camarita”, ubicada en la sede del Ministerio de Planificación Federal, donde se entregaban en efectivo los llamados “retornos”. Un empresario explicó que los pagos se realizaban en billetes de alta denominación, sin emitir comprobantes, y que el dinero se transportaba en maletines bajo la supervisión de funcionarios de seguridad.
El financiero Alberto Falcone, quien habría gestionado parte de los recursos ilegales, declaró que se guardó una importante suma de efectivo en un depósito secreto en El Calafate, Patagonia. Falcone describió el lugar como una bóveda improvisada, protegida por guardias privados, pero no reveló la cantidad exacta del dinero almacenado.
Hasta la fecha, se han presentado más de 50 descargos y varios “arrepentidos” han comenzado a declarar, señalando a altos mandatarios del kirchnerismo como responsables directos de la red de sobornos. La Fiscalía continúa investigando la procedencia de los fondos y la posible existencia de cuentas en el exterior vinculadas a la “Cámara”.
El caso Cuadernos sigue siendo uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la Argentina post?2000. Las declaraciones de los empresarios podrían desencadenar nuevas investigaciones contra ex funcionarios y repercutir en la agenda política de cara a las próximas elecciones nacionales.