A partir del 14 de marzo de 2024, la nueva normativa australiana obliga a TikTok, Instagram y YouTube a cerrar cuentas de usuarios que no cumplan con el requisito de verificación de edad. La medida, aprobada por el Parlamento el 13 de diciembre de 2023, busca proteger a menores de 16 años y establece sanciones millonarias para los gigantes digitales que no la apliquen.

Una legislación pionera en el control de menores en redes sociales

El 13 de diciembre de 2023 el Parlamento australiano aprobó la Ley de Seguridad en Línea (Niños), también conocida como la normativa de verificación de edad. Su objetivo principal es impedir que menores de 16 años accedan a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube sin el consentimiento explícito de sus padres o tutores.

¿Cómo funciona la verificación?

Los usuarios deberán presentar un documento oficial (pasaporte, licencia de conducir o documento nacional de identidad) al crear o actualizar su cuenta. En caso de que el menor no cuente con autorización parental, la cuenta será bloqueada automáticamente.

Sanciones para los incumplimientos

Las plataformas que no cumplan con el requisito enfrentarán multas de hasta el 1?% de su facturación anual en Australia, con un tope máximo de AUD?200?millones. Esta penalidad convierte a la normativa en una de las más severas a nivel mundial.

Reacciones internacionales y comparaciones

Otros países, como el Reino Unido, están evaluando medidas similares, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea discuten regulaciones de edad más estrictas. La iniciativa australiana se convierte así en un referente que podría inspirar futuras legislaciones en Latinoamérica, incluida Argentina.

Impacto en los usuarios y la industria

Desde su entrada en vigor, se estima que más de 2?millones de cuentas han sido revisadas, y 120?000 han sido desactivadas por falta de verificación. Plataformas como Meta y Google han anunciado inversiones de cientos de millones de dólares para adaptar sus sistemas a la nueva normativa.

La medida ha generado un debate intenso entre defensores de la protección infantil y críticos que señalan riesgos de privacidad y exclusión digital. Sin embargo, el gobierno australiano mantiene su postura firme, argumentando que la seguridad de los menores es prioritaria.