16/12/2025 17:13 - Politica
Manifestantes de la CGT con pancartas antireforma laboral marchando por la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires, policías en uniforme con escudos y cascos intentando disolver piquetes, cielo nublado, ambiente tenso y multitud de personas en movimiento.
El protocolo antipiquetes es un conjunto de medidas policiales y judiciales que permite desarticular los piquetes sindicales mediante la intervención de la fuerza pública, la orden de desalojo y la imposición de multas. Se activa cuando el Gobierno considera que la acción sindical vulnera el derecho de tránsito y la libre circulación de personas y bienes.
El proyecto de reforma laboral, presentado por el Ministerio de Trabajo en 2025, busca flexibilizar los contratos, reducir la obligatoriedad de la negociación colectiva y limitar la capacidad de los convenios sectoriales para establecer salarios mínimos. Según el Gobierno, la reforma pretende incentivar la generación de empleo y mejorar la competitividad. Por su parte, la CGT (Confederación General del Trabajo) y numerosas organizaciones sindicales la califican de retroceso de derechos laborales.
La aplicación del protocolo antipiquetes implica que la Policía Nacional podrá disolver los piquetes sin necesidad de una orden judicial previa, usar equipos de control de masas y registrar posibles sanciones económicas a los sindicatos que obstaculicen el tránsito. Organizaciones defensores de derechos humanos alertan sobre el riesgo de violaciones a la libertad de reunión y advierten un escalamiento de tensiones.
Se espera que la movilización de la CGT se lleve a cabo el jueves 19 de diciembre de 2025, con concentraciones en la Avenida 9 de Julio y principales accesos a la ciudad. El Gobierno reiteró que mantendrá la seguridad y el orden, mientras que los sindicatos prometen mantener la presión hasta que la reforma sea revocada.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones