El Poder Ejecutivo anunció la puesta en marcha del protocolo antipiquetes para enfrentar la marcha de la CGT que rechaza la nueva reforma laboral. La medida, que permite intervenir a los piquetes sindicales, genera polémica entre dirigentes, académicos y sectores productivos, mientras la sociedad se prepara para una intensa campaña de protesta a nivel nacional.

¿Qué es el protocolo antipiquetes y por qué se activa ahora?

El protocolo antipiquetes es un conjunto de medidas policiales y judiciales que permite desarticular los piquetes sindicales mediante la intervención de la fuerza pública, la orden de desalojo y la imposición de multas. Se activa cuando el Gobierno considera que la acción sindical vulnera el derecho de tránsito y la libre circulación de personas y bienes.

Contexto de la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral, presentado por el Ministerio de Trabajo en 2025, busca flexibilizar los contratos, reducir la obligatoriedad de la negociación colectiva y limitar la capacidad de los convenios sectoriales para establecer salarios mínimos. Según el Gobierno, la reforma pretende incentivar la generación de empleo y mejorar la competitividad. Por su parte, la CGT (Confederación General del Trabajo) y numerosas organizaciones sindicales la califican de retroceso de derechos laborales.

Reacciones sindicales y sociales

• CGT: convoca una marcha nacional para el próximo jueves, con la intención de bloquear puntos estratégicos y demostrar su rechazo.
• F.T.C.I.O.D y A.R.A.: anuncian una huelga general contra la reforma, denunciando que la medida afectará a los trabajadores más vulnerables.
• Profesores de Derecho de la UBA: emiten un comunicado denunciando que la reforma provocará más desempleo y salarios más bajos, y se suman a la protesta.
• Aceiteros: declararon paro nacional para adherirse a la marcha de la CGT, subrayando el impacto en el sector agroindustrial.
• Intendente de La Plata, Álex?Kicillof: manifestó que acompañará la movilización de la CGT y llamará al diálogo para buscar consensos.

Implicaciones de la medida

La aplicación del protocolo antipiquetes implica que la Policía Nacional podrá disolver los piquetes sin necesidad de una orden judicial previa, usar equipos de control de masas y registrar posibles sanciones económicas a los sindicatos que obstaculicen el tránsito. Organizaciones defensores de derechos humanos alertan sobre el riesgo de violaciones a la libertad de reunión y advierten un escalamiento de tensiones.

¿Qué sigue?

Se espera que la movilización de la CGT se lleve a cabo el jueves 19 de diciembre de 2025, con concentraciones en la Avenida 9 de Julio y principales accesos a la ciudad. El Gobierno reiteró que mantendrá la seguridad y el orden, mientras que los sindicatos prometen mantener la presión hasta que la reforma sea revocada.

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