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17/12/2025 04:02 • POLITICA • POLITICA
La investigación conocida como “Cuadernos de las Coimas” surgió en 2018 cuando la prensa reveló una serie de libretas anotadas por el empresario Lázaro Báez, que detallaban pagos irregulares a funcionarios y políticos entre 2015 y 2017. Los pagos, definidos como sobornos, estarían vinculados a la adjudicación de obras públicas y contratos de suministro de gas y energía.
Durante el proceso judicial, al menos ocho empresarios han reconocido haber entregado sumas de dinero a intermediarios para facilitar sus negocios. Las confesiones forman parte de la estrategia de cooperación con la justicia a fin de obtener reducciones en sus penas y esclarecer la red de pagos ilícitos.
En los últimos días, varios de esos empresarios presentaron denuncias formales ante la Fiscalía Federal señalando que, tras admitir los pagos, recibieron amenazas de represalias contra ellos y sus familiares. Entre las intimidaciones relatadas se encuentran:
Los denunciantes aseguran que las amenazas provienen de círculos vinculados al antiguo gobierno y a figuras que podrían haber sido beneficiarias de los pagos.
El Tribunal Oral Federal 7 reactivó recientemente el debate sobre la causa, analizando tanto los pagos como las presiones ejercidas sobre los testigos. La defensa de los empresarios argumenta que dichas amenazas pueden constituir delitos de coacción y que son esenciales para garantizar un proceso justo.
El caso vuelve a poner en el foco la discusión sobre la corrupción institucional y la necesidad de proteger a quienes colaboran con la justicia. Organizaciones de la sociedad civil exigen medidas de seguridad para los denunciantes y una investigación exhaustiva que alcance a los responsables políticos de los pagos.
Se espera que la Fiscalía solicite medidas de protección a los empresarios y que el juzgador determine la admisibilidad de las denuncias de amenazas como prueba de presiones indebidas. La audiencia preliminar está prevista para mediados de enero de 2026.