El Gobierno apeló la medida cautelar que suspendió la derogación del Día del Trabajador Estatal, generando un fuerte debate sobre la eficiencia del gasto público y la influencia de la Justicia en decisiones políticas. La medida judicial ha sido criticada por algunos sectores que la consideran un obstáculo para las reformas necesarias en la administración pública, mientras que otros la defienden como una protección para los derechos laborales.