El gobierno nacional anunció un endurecimiento de las políticas migratorias, incluyendo mayores requisitos para la residencia y ciudadanía, así como la aceleración de procesos de deportación para extranjeros que infrinjan la ley. La medida, justificada por la necesidad de controlar el ingreso de inmigrantes ilegales y proteger la seguridad nacional, ha generado debate entre diferentes sectores de la sociedad. Analistas económicos destacan el impacto potencial en la economía, mientras que grupos de derechos humanos expresan preocupación por posibles violaciones a los derechos fundamentales.