En un giro inesperado, la administración argentina presentó cuatro argumentos sólidos para impedir la entrega de la participación mayoritaria de YPF a la entidad privada responsable de su reestructuración. La decisión se toma tras la demanda presentada por los acreedores de Aconcagua Energia, que exige que el 51 % de las acciones sea transferido a la nueva compañía. El caso, traspasado al sistema judicial de Estados Unidos, abre un debate sobre la soberanía y los derechos de los estados frente a corporaciones privadas.