El Gobierno decidió revocar el asueto por el Día del Empleado Público, generando una fuerte controversia. La medida, que buscaba mejorar la eficiencia administrativa, enfrenta oposición judicial y sindical, acusando al gobierno de atacar derechos laborales. La apelación gubernamental se enfrenta a fuertes críticas por parte de la oposición y analistas económicos.