La justicia argentina ordenó al gobierno la reincorporación del Fondo de Integración Socio Urbana y la finalización de obras en 37 barrios populares, generando un nuevo conflicto en la gestión. La decisión judicial implica un revés para las políticas económicas del gobierno, que buscaba recortar el gasto público. Analistas advierten sobre las posibles consecuencias de este fallo para la estabilidad fiscal.