El Gobierno argentino aceptó cooperar con la justicia de Nueva York y proporcionar los registros de conversaciones de exfuncionarios vinculados a la expropiación de YPF de 2012. La medida, anunciada el 29 de octubre de 2025, busca reforzar la defensa del país ante la demanda de la empresa Burford, que reclama indemnizaciones por la nacionalización.