La Corte Penal Internacional anunció el cierre de su oficina en Caracas, argumentando la ausencia de avances tangibles en la investigación de crímenes cometidos en Venezuela. La medida genera tensiones con el gobierno venezolano y provoca respuestas enérgicas de Argentina y de la administración de Javier Milei, que han solicitado acciones judiciales contra Nicolás Maduro y altos funcionarios del chavismo.