El gobierno nacional acelera el proceso de privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, a través del cierre de Corredores Viales. Esta medida, que busca atraer inversión privada y mejorar la infraestructura vial, ha generado debate sobre su impacto económico y social. Se espera una mejora en la eficiencia del sistema de rutas, aunque existen preocupaciones sobre el aumento de peajes y la posible pérdida de control estatal.