El Gobierno oficializó una reforma migratoria que endurece los requisitos para la obtención de la ciudadanía y la residencia, implementa aranceles en salud y educación para extranjeros, y refuerza las medidas de deportación. La medida, criticada por organizaciones de derechos humanos, busca un mayor control de las fronteras y una gestión más eficiente de la inmigración, según fuentes oficiales. Analistas económicos destacan el potencial impacto en el mercado laboral.

El Gobierno oficializó una reforma migratoria que refuerza los controles fronterizos y promueve una inmigración más selectiva, priorizando el talento y la inversión extranjera. La medida busca optimizar la gestión migratoria, priorizando la seguridad nacional y el desarrollo económico del país. Se espera un impacto significativo en el flujo migratorio.