La decisión de excluir a 16.000 efectivos de las fuerzas de seguridad del proceso electoral en Misiones ha generado un fuerte debate. Si bien el gobierno provincial argumentó inicialmente que se ajustaba a la ley, la posterior solicitud de reconsideración ante la Justicia plantea interrogantes sobre la verdadera motivación detrás de esta medida. Analizamos el impacto en la transparencia y la participación ciudadana.