La Corte Suprema de Justicia decidió apartar al Ministerio de Justicia de la defensa en las causas que la involucran, asumiendo su propia representación legal. Esta decisión, tomada el 22 de mayo de 2025, marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, profundizando la crisis institucional. La medida se produce en medio de un contexto político complejo, con acusaciones cruzadas y fuertes tensiones entre los distintos poderes del Estado.