El gobierno argentino, en un movimiento que ha generado controversia, ha implementado nuevas restricciones al derecho a huelga, afectando a diversos sectores considerados esenciales. Esta medida, justificada por la necesidad de mantener servicios críticos operativos, ha sido recibida con críticas por parte de los sindicatos, quienes la consideran una afrenta a los derechos laborales. Analizamos los detalles de esta decisión y sus potenciales consecuencias.