La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, autorizó a la Policía Federal a realizar ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial, generando controversia sobre los límites del accionar policial y las garantías individuales. La medida, justificada por la lucha contra el delito, preocupa a organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes advierten sobre potenciales abusos de poder. Analizamos los alcances de esta decisión y sus implicaciones para la sociedad.