La medida del Gobierno de eliminar el feriado del Día del Trabajador Estatal fue suspendida por la Justicia, generando malestar en el sector privado. El Gobierno apelará la decisión judicial, argumentando ineficiencias y costos económicos. La medida afecta a empleados públicos de todo el país y reaviva el debate sobre la productividad y el gasto público.