El presidente Milei recibe un importante golpe de suerte cuando la última propuesta de Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) regresa a la sesión del Senado, con ajustes que permiten su aprobación tras la influencia de varios gobernadores. La reforma busca delimitar los usos de los DNU mientras preserva los poderes ejecutivos del mandatario.
El 8 de octubre la sede del Congreso volvió a vivir la tormenta política cuando José Luis Espert encabezó una protesta firme contra el uso de decretos de urgencia (DNU) que, según la oposición, escapan al control parlamentario. La oposición pidió suspender la aplicación de nuevos DNU y cuestionó la legitimidad de la medida, generando otro miércoles de intensa presión dentro de la Cámara de Diputados.
El 13 de septiembre la Oposición exigió en la Casa Rosada una sesión urgente ante la negativa de la Mesa a admitir los debates sobre los recientes vetos de Milei, la aplicación de una DNU y la citación a la esposa del presidente. El desafío recayó sobre la respuesta del Congreso a los impulsos legislativos y las repercusiones en la comunidad universitaria.
El 25 de agosto, la Convención de Santa Fe de la coalición Unidos confirmó la reelección del gobernador Néstor Pullaro y decidió dejar fuera los Decretos de Necesidad y Urgencia. Mientras, las comisiones de Poder Legislativo y Ejecutivo emitieron dictámenes favorables, marcando el inicio de la reforma constitucional que autoriza la continuidad del mandato.
La jueza laboral, cuyos fallos recientes han generado controversia, declaró inconstitucional un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que restringía el derecho a huelga. Analizamos el impacto de esta decisión en la política económica y las consecuencias para el gobierno.
El Gobierno oficializó una polémica reforma migratoria que endurece los requisitos para la residencia y ciudadanía, impone mayores restricciones a la inmigración y habilita el cobro de aranceles en salud y educación para extranjeros. La medida, implementada vía DNU, generó fuertes críticas desde distintos sectores, mientras el oficialismo la defiende como necesaria para controlar los flujos migratorios y asegurar la sostenibilidad del sistema.
El Gobierno anunció modificaciones a la Ley de Migraciones, generando debate. Se endurecen las deportaciones, se restringe el acceso a la ciudadanía y se habilita el cobro de aranceles en salud y educación para extranjeros. La medida, implementada vía DNU, provoca fuertes críticas de la oposición, quienes la acusan de ser discriminatoria y restrictiva.
La CGT asegura que frenará el decreto de ley que limita las huelgas, pero anticipa una fuerte embestida del gobierno de Milei. Analistas advierten sobre las potenciales consecuencias económicas de una escalada de conflictos laborales, especialmente en un contexto de alta inflación. El desafío plantea interrogantes sobre la estabilidad económica y el futuro del diálogo social en Argentina.
La reciente medida del Gobierno que limita el derecho a huelga enfrenta su primer desafío legal. Diversos sindicatos, en un claro desafío al ministro de Economía, Sergio Massa, y al Gobierno, buscan frenar la iniciativa que consideran un ataque a los trabajadores y una herramienta para debilitar la negociación colectiva. El escenario anticipa una dura batalla judicial y política.