El Senado Nacional, que se reunió el 27 de agosto de 2025, rechazó el veto presidencial de Javier Milei sobre la ley de Autorización de Transferencias No Discrecionales (ATN). Con un presupuesto de 6.5 mil millones de pesos que beneficiará a 600.000 estudiantes, esta decisión fortalece el compromiso del país con la educación superior y prepara el terreno para la próxima elección legislativa del 27 de octubre.
El Gobierno anunció hoy un ajuste de 170.000 millones en las asignaciones públicas, afectando tanto a las universidades como a las provincias. El recorte se produce tras una intensa semana de debate en el Congreso y constituye parte de una estrategia fiscal que busca equilibrar el presupuesto nacional. Con esta medida, se busca garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
El 8 de septiembre de 2025, Karina Milei, esposa del presidente Javier Milei, anunció el lanzamiento de una nueva agrupación dirigida a estudiantes de secundaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es ofrecer rutas de aprendizaje alternativas que denuncian el supuesto adoctrinamiento político en las escuelas públicas.
El gobernador Gabriel Pullaro celebró la firma de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, destacando que su objetivo prioritario será impulsar una revolución educativa que promueva la igualdad de oportunidades y la innovación pedagógica en todos los niveles escolares. Además, Pullaro enfatizó la importancia del consenso y el equilibrio en el proceso reformista, calificándolo como la base de la más moderna carta magna del país.
El 8 de septiembre de 2025, la Administración del gobierno de Río Negro presentó al sindicato de maestros ATE una propuesta que incluye aumentos de 20.000, 30.000 y 40.000 pesos según categoría y un bono mensual de 30.000 pesos, marcando un paso importante hacia la mejora salarial de los docentes estatales.
Las universidades públicas argentinas realizaron marchas en reclamo de mayor financiamiento, mostrando la preocupante situación de la educación superior en el país. La falta de recursos impacta directamente en la calidad de la enseñanza, investigación y desarrollo, poniendo en riesgo el futuro de miles de estudiantes. El debate se centra en la necesidad de una ley de financiamiento que garantice la sostenibilidad del sistema, en medio de las tensiones políticas y económicas del país.