La Corte Suprema ratificó la sentencia que condena al acusado a prisión por su participación en actos de tortura contra funcionarios del sistema judicial, cerrando una larga investigación que puso a prueba la integridad de la justicia. El fallo se adoptó tras una audiencia pública que contó con peritos y expertos, y el tribunal ordenó crear un comité de supervisión para garantizar el respeto de los derechos de los funcionarios.