El presidente Javier Milei firmó el 31 de diciembre el DNU 941/25, que reformó la Ley de Inteligencia Nacional otorgando a la SIDE poderes de detención y secrecía total. Legisladores de todas las fuerzas denuncian espionaje político, vigilancia sin control y la creación de una “policía secreta”. El Congreso ya estudia la posibilidad de tratar el decreto de oficio pese a la falta de comisiones bicamerales.