La justicia estadounidense ordenó a Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a inversores que demandaron por la expropiación de 2012. Esta decisión impacta negativamente en las arcas estatales y representa un revés para el kirchnerismo, cuestionando las políticas económicas del pasado. El fallo judicial abre un nuevo capítulo en el largo conflicto por la petrolera, con potenciales consecuencias económicas y políticas significativas para el país.