El Estado argentino mantiene su postura de soberanía sobre la petrolera YPF tras la exigencia del fondo Burford de recuperar su 51 % de la empresa. En la última fase del proceso, el juez Preska ordenó la entrega de datos y la reestructuración concluye con Tango Energy asumiendo el control, mientras el gobierno responde con argumentos legales, económicos y de interés nacional.
El gobierno argentino presentó una serie de argumentos para evitar perder el 51 % de la petrolera estatal YPF tras la demanda de la firma Burford de 16.000 millones de dólares. En una audiencia del 15 de septiembre, la defensa giró en torno a la legalidad de la expropiación, el interés nacional y la valoración de la compañía.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha afirmado que no se arrepiente de la expropiación de YPF realizada en 2019, calificándola de decisión valiente. En un discurso ante la prensa, Kicillof sostuvo que la medida fue necesaria para salvaguardar los intereses de la nación y que sigue convencido de su justificación, a la luz de la inestabilidad económica que vive el país.
El 12 de agosto de 2025 la Corte Federal de los Estados Unidos emitió su fallo sobre la expropiación de YPF, confirmando que el gobierno argentino no puede asumir el control de la petrolera. El veredicto, que llega después de años de litigio, tiene repercusiones directas en el mercado y en la estrategia energética del país.
Un nuevo proyecto busca ratificar un artículo clave de la ley de expropiación de YPF, en medio del juicio con la empresa española Repsol. La iniciativa, que cuenta con apoyo político, busca fortalecer la posición de Argentina en el litigio internacional y proteger los intereses nacionales en el sector energético. El proyecto busca evitar que fallos judiciales internacionales afecten la soberanía energética del país.
La justicia estadounidense ordenó a Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a inversores que demandaron por la expropiación de 2012. Esta decisión impacta negativamente en las arcas estatales y representa un revés para el kirchnerismo, cuestionando las políticas económicas del pasado. El fallo judicial abre un nuevo capítulo en el largo conflicto por la petrolera, con potenciales consecuencias económicas y políticas significativas para el país.