En la última semana se han confirmado 96 fallecimientos en todo el país por una variante adulterada de fentanilo, y datos preliminares apuntan a que cerca de 45.000 pacientes podrían haber estado expuestos. La crisis despierta la polémica sobre el origen de la droga y pone en tela de juicio los procedimientos sanitarios y judiciales.
El 13 de agosto Rosario registró la trágica cifra de 26 fallecidos tras la ingestión de fentanilo contaminado, un riesgo que ha conmocionado a la comunidad local. En respuesta, los familiares se reunieron con la interventora Javkin, dispuestos a exigir transparencia. La campaña de concienciación se intensifica, recordando la urgencia de controles sanitarios.
El gobierno provincial ha registrado siete muertes adicionales por la ingesta de fentanilo adulterado, elevando el número de víctimas en la jurisdicción. El caso se suma a los 116 fallecimientos registrados a nivel nacional, según datos del ministerio de Salud. Las autoridades intensifican las pruebas de calidad y buscan responsables ante la crisis sanitaria que afecta a comunidades enteras.
Tras la alarmante cifra de 96 muertes derivadas de fentanilo adulterado y la presión de las familias afectadas, el kirchnerismo ha permitido un foro formal para discutir la regulación y la respuesta sanitaria. El Congreso se convierte en el escenario de un debate abierto que podría moldear la política de sustancias controladas en el país.
Una serie de muertes trágicas en Argentina ha sacado a la luz un oscuro capítulo de la producción de fentanilo domesticado, donde un laboratorio perteneciente a la ex política local mantuvo sus controles comprometidos. El gobierno kirchnerista habría obstruido una comisión investigadora, poniendo en duda la respuesta institucional y la protección de la salud pública.
El juez de la causa ha revelado que se aplicaron 45.000 ampollas de fentanilo contaminado, elevando la cifra confirmada de muertes a 76. La noticia resalta fallas en la supervisión estatal, mientras consumidores y familiares claman por una respuesta urgente y la trazabilidad total de los lotes farmacéuticos.
El gobierno argentino se presentó como querellante en la causa por la muerte de 53 personas a causa de fentanilo contaminado. La investigación apunta a un laboratorio farmacéutico, HLB Pharma, generando un escándalo que involucra presuntas irregularidades y deficiencias en los controles de calidad. El caso pone en jaque la eficiencia de los organismos de control y la seguridad sanitaria del país.