La Justicia bloqueó el intento del Ministro de Economía de eliminar el Fondo Fiduciario para la Integración Socio Urbana (FISU), un programa social que, según algunos, ha sido mal administrado. La decisión judicial genera incertidumbre en el mercado y abre un debate sobre la eficiencia del gasto público y la asignación de recursos. La medida judicial representa un revés político para el gobierno actual y sus políticas económicas liberales.