Una directiva secreta de la SIDE para “monitorear” grupos sociales vulnerables desató una fuerte controversia. Mientras el Gobierno la defiende como una medida necesaria para la seguridad nacional, la oposición la califica como un acto de espionaje ilegal, generando preocupación por potenciales abusos y un debate sobre los límites del accionar estatal en materia de inteligencia. Analistas advierten sobre el riesgo de un retroceso en las libertades individuales.