El economista Javier Milei, fiel a su discurso de reducción del gasto público, tomó una decisión que impacta en la administración de recursos públicos: la disolución de dos fondos fiduciarios que manejaban casi $200.000 millones anuales. Esta medida, criticada por algunos sectores, se enmarca en la promesa de Milei de optimizar el uso de los fondos estatales y combatir la ineficiencia burocrática. Los fondos en cuestión se dedicaban a la integración socio urbana y la promoción científica y tecnológica.