El Ejecutivo nacional trabaja en una reforma que busca sustituir la Ley 26.206, de 2006, por un nuevo marco de “libertad educativa”. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, plantea reducir la intervención del Estado, ampliar la oferta escolar y promover la elección de la familia, generando un intenso debate en la esfera política y académica.