La polémica investigación sobre la estafa multimillonaria de Libra continúa generando tensión en el ámbito político. Mientras la oposición busca impulsar una comisión investigadora, el oficialismo intenta bloquearla. El rol de figuras clave como Karina Menem, y la estrategia opositora para avanzar en la causa, forman parte del debate.
La justicia de Estados Unidos congeló casi 60 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Hayden Davis, en el marco del caso de la estafa $LIBRA. Sin embargo, las autoridades parecen haber actuado tarde y aún falta una parte significativa del dinero. La lentitud en la respuesta gubernamental genera interrogantes sobre la capacidad del Estado para controlar las transacciones financieras digitales y la protección de los inversores.
La sesión en la Cámara de Diputados para tratar el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y el proyecto de ley sobre el Libra, fracasó por falta de quórum. La ausencia de diputados de Unión por la Patria y de la provincia de Córdoba, permitió a la oposición bloquear la iniciativa, generando incertidumbre en el sector previsional y mostrando la fragmentación política del país. El proyecto, clave para la estabilidad económica y social, queda en suspenso.
La demanda colectiva contra la criptomoneda Libra escaló a la justicia federal de Nueva York, abriendo un nuevo capítulo en este escándalo financiero internacional. Millones de inversores afectados esperan justicia, mientras las implicaciones legales y financieras se extienden a nivel global. El caso amenaza con convertirse en una megacausa, con potencial para sentar precedentes en la regulación de las criptomonedas.
La demanda colectiva por el fraude de la criptomoneda Libra se consolida en el fuero federal de Nueva York, uniéndose a otra causa similar. Esta decisión representa un paso significativo para los inversores afectados y abre la puerta a una posible megacausa con implicaciones de gran alcance para el mercado de las criptomonedas. Se espera que la unificación de las demandas fortalezca la posición de los demandantes y aumente la presión sobre los responsables del presunto fraude.
La sesión en el Congreso sobre la ley de movilidad jubilatoria y el proyecto LIBRA enfrenta fuertes tensiones entre oficialismo y oposición, generando incertidumbre sobre su aprobación. El debate se centra en el impacto fiscal y la sostenibilidad del sistema previsional, con acusaciones cruzadas de populismo y falta de responsabilidad económica. Analistas advierten sobre el riesgo de una parálisis legislativa con consecuencias negativas para la economía.
El gobierno de Javier Milei decidió disolver la unidad encargada de investigar el escándalo de la criptomoneda Libra, generando preocupación sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas. La medida, tomada mediante decreto, ha sido criticada por diferentes sectores políticos y sociales, quienes la consideran un intento de encubrimiento. Analizamos las implicaciones de esta decisión y su impacto en la confianza pública.
El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de disolver la Unidad de Investigación sobre la criptomoneda Libra, argumentando que cumplió su objetivo. Esta medida, anunciada el 19 de mayo de 2025, ha generado diversas reacciones y despierta interrogantes sobre la transparencia y el manejo de las criptomonedas en Argentina. La disolución se formalizó mediante un boletín oficial, generando debate entre analistas y la oposición.
La justicia argentina congeló los bienes de un exasesor del gobierno y varios empresarios en relación con la estafa de la criptomoneda Libra. La investigación revela un esquema sofisticado de enriquecimiento ilícito, con movimientos sospechosos de dinero y ocultamiento de activos. El caso pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema financiero ante las criptomonedas y la necesidad de una regulación más estricta.
La sesión en la Cámara de Diputados para interpelar a Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona sobre el polémico caso Libra fracasó debido a la ausencia de los funcionarios. La oposición denunció un posible pacto para proteger a los involucrados, mientras que el oficialismo negó las acusaciones. El episodio pone en evidencia la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y genera nuevas dudas sobre la gestión económica del gobierno.