El lunes 29 de diciembre miles de trabajadores se concentrarán frente a la Legislatura de Córdoba para rechazar el ajuste previsional anunciado por el gobernador Martín Llaryora. La medida, que eleva las retenciones a más del 30 % del salario bruto en algunos sectores, ya generó el primer amparo judicial y aviva el reclamo contra la falta de diálogo con la Nación.
El gobernador Martín Llaryora oficializó este lunes 22 de diciembre de 2025 la reforma previsional provincial, que incluye la eliminación del FOCCA, una nueva escala de aportes personales del 2 % al 8 % para los empleados estatales, un bono no remunerativo que cubre hasta el 82 % del haber bruto para 52.438 beneficiarios y la modificación del aporte solidario para 9.856 jubilados.
El ministro de Economía de Córdoba, Santiago Llaryora, anunció un incremento de los aportes a la Caja de Jubilaciones provincial, con el objetivo de que la mitad de los jubilados alcance una tasa de reemplazo del 82 %. La medida generó protestas de judiciales y gremios estatales, y la oposición la calificó como una “mentira”.
El analista político Julio Bárbaro comentó que el peronismo argentino solo cuenta con dos figuras capaces de retomar la conducción del movimiento: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el dirigente Llaryora. Sus palabras se insertan en una profunda crisis de liderazgo tras la victoria de Javier Milei y el desgaste de la fórmula Cristina Kirchner.
El exgobernador José Manuel de la Sota manifestó su distanciamiento del actual gobernador Juan Schiaretti luego de que la sesión legislativa para aumentar las jubilaciones fracasara. La maniobra, tildada de ‘irresponsable’ por la oposición, desató una crisis política en Córdoba, poniendo en jaque la gobernabilidad y generando incertidumbre económica. La falta de apoyo de legisladores peronistas clave fue determinante en el resultado.