El Gobierno anunció una reestructuración en la Secretaría de Derechos Humanos, incluyendo una reducción del 30% de su personal y un recorte presupuestario del 40%. Estas medidas, si bien generan controversia, se enmarcan en un plan de austeridad fiscal para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia del Estado. La decisión ha generado debate sobre la importancia de mantener los niveles de inversión en este sector.