El traslado de Alfredo Astiz y otros 18 represores a una cárcel en Campo de Mayo ha generado una ola de controversias. Si bien el gobierno argumenta razones de seguridad y logística, críticos denuncian un trato preferencial para estos condenados por crímenes de lesa humanidad, generando un debate sobre justicia y derechos humanos en Argentina. La decisión ha sido recibida con indignación por diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.