El gobierno anunció una reforma migratoria con medidas más restrictivas para el ingreso de extranjeros, incluyendo deportaciones exprés para quienes infrinjan la ley y mayores requisitos para la residencia permanente. La iniciativa, criticada por algunos sectores como discriminatoria, busca fortalecer el control fronterizo y la seguridad nacional. Analistas económicos destacan el potencial impacto en la fuerza laboral, mientras que grupos de derechos humanos expresan su preocupación.