Un juez de la provincia de Catamarca dictó una medida que obliga al Estado a reactivar, en todo el país, las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas. La resolución afecta a miles de beneficiarios y obliga a la ANSES a reintegrar los pagos de manera inmediata, generando un amplio debate sobre la garantía de derechos sociales en Argentina.