El presidente Javier Milei anunció el 20 de agosto de 2025 su veto a la ley de redistribución automática de aportes del Tesoro Nacional, una medida que provocó la reacción de la Asamblea Nacional y la creciente presión de los gobernadores ante la supuesta reducción de recursos para las provincias. La polémica se intensificó cuando el Congreso rechazó el veto dos días después y la Corte Suprema lo anuló en la fecha siguiente.