El Poder Judicial rechazó un pedido de Cristina Kirchner para recibir visitas sin restricciones en su arresto domiciliario. La decisión refuerza las normas de control sobre la exmandataria, mientras expertos internacionales cuestionan el uso de la tobillera electrónica. Un fallo que prioriza la igualdad ante la ley y el cumplimiento estricto de las medidas cautelares.
El departamento de Cristina Kirchner fue revisado el 19 de junio de 2025 como parte del proceso para la implementación de una tobillera electrónica. La medida, impulsada por la justicia, generó un nuevo capítulo en la compleja situación judicial de la vicepresidenta, desatando reacciones encontradas en el ámbito político. La defensa de Kirchner busca evitar la colocación del dispositivo.
Un panel de expertos analizará la situación de salud de Cristina Kirchner para determinar si requiere prisión domiciliaria con tobillera electrónica. El proceso, que sigue a múltiples controversias judiciales, se centra en la evaluación objetiva de su estado de salud y su compatibilidad con las medidas cautelares impuestas. La decisión final impactará significativamente en el desarrollo del caso y la opinión pública.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumplirá prisión domiciliaria en su departamento de Recoleta, con el uso obligatorio de una tobillera electrónica y restricciones severas. La decisión judicial generó diversas reacciones, mientras el Gobierno mantiene un perfil bajo ante las expectativas de la oposición y la sociedad.
El juez Gorini decidió otorgar la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, imponiendo estrictas medidas de control. La decisión ha generado un intenso debate político, con fuertes críticas desde sectores opositores que consideran la medida demasiado benévola. La exmandataria deberá usar tobillera electrónica y sus movimientos estarán limitados.
La Justicia argentina ha decidido que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena en prisión domiciliaria, utilizando tobillera electrónica y con restricciones en sus visitas. Esta decisión, tomada el 17 de junio de 2025, ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social del país. Analizamos los detalles de la resolución judicial y sus implicaciones.