El Gobierno anunció la eliminación de Vialidad Nacional y la creación de una Agencia de Seguridad Vial, generando incertidumbre sobre el futuro del transporte terrestre. Analizamos las implicaciones de esta decisión en materia de eficiencia, inversión privada y control de concesiones viales, en el contexto de un plan de privatización de 9.000 kilómetros de rutas.