El Estado argentino mantiene su postura de soberanía sobre la petrolera YPF tras la exigencia del fondo Burford de recuperar su 51 % de la empresa. En la última fase del proceso, el juez Preska ordenó la entrega de datos y la reestructuración concluye con Tango Energy asumiendo el control, mientras el gobierno responde con argumentos legales, económicos y de interés nacional.
El gobierno argentino presentó una serie de argumentos para evitar perder el 51 % de la petrolera estatal YPF tras la demanda de la firma Burford de 16.000 millones de dólares. En una audiencia del 15 de septiembre, la defensa giró en torno a la legalidad de la expropiación, el interés nacional y la valoración de la compañía.
En un giro inesperado, la administración argentina presentó cuatro argumentos sólidos para impedir la entrega de la participación mayoritaria de YPF a la entidad privada responsable de su reestructuración. La decisión se toma tras la demanda presentada por los acreedores de Aconcagua Energia, que exige que el 51 % de las acciones sea transferido a la nueva compañía. El caso, traspasado al sistema judicial de Estados Unidos, abre un debate sobre la soberanía y los derechos de los estados frente a corporaciones privadas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha afirmado que no se arrepiente de la expropiación de YPF realizada en 2019, calificándola de decisión valiente. En un discurso ante la prensa, Kicillof sostuvo que la medida fue necesaria para salvaguardar los intereses de la nación y que sigue convencido de su justificación, a la luz de la inestabilidad económica que vive el país.
YPF está a punto de lanzar su ambicioso proyecto Argentina LNG, que integrará puentes capaces de soportar el peso de un reactor de 456 t, descuentos nocturnos y un evento internacional en Gastech Milán del 3 al 6 de septiembre. El plan busca generar 3 millones de toneladas de GNL al año y dinamizar la economía argentina.
El juez federal Cristina Preska, del tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenó el 27 de agosto de 2025 que el Gobierno Nacional entregara la documentación que comprueba la titularidad de los activos de YPF en el país, reforzando el proceso de nationalización impulsado en 2012 y respondiendo a demandas internacionales.