08/06/2026 03:20 - Internacionales
Soldados bolivianos en una carretera andina al amanecer, con montañas nevadas al fondo y señales de bloqueo en el suelo. Atmósfera de tensión controlada, despliegue militar ordenado.
Tras una sesión que se extendió por casi 14 horas y concluyó a las 5:52 de la madrugada del domingo 7 de junio de 2026, la Cámara de Diputados de Bolivia sancionó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción. La norma, que ya contaba con la aprobación del Senado, fue respaldada por dos tercios de los legisladores y enviada al presidente Rodrigo Paz para su promulgación inmediata.
La legislación autoriza al mandatario a declarar el estado de excepción mediante un decreto supremo fundamentado, con alcance territorial y temporal específico. La vigencia máxima será de 90 días, prorrogable únicamente con autorización de la Asamblea Legislativa.
La norma introduce un concepto novedoso: la "presunción de legalidad" para los efectivos militares y policiales que participen en las operaciones durante el estado de excepción. Esto significa que el Estado boliviano asumirá la defensa legal de los uniformados ante posibles procesos judiciales derivados del uso de la fuerza.
Esta disposición busca evitar que se repitan procesos penales como los que enfrentaron jefes militares tras la crisis de 2019, según explicó el diputado oficialista Carlos Alarcón, quien defendió la norma argumentando que es necesaria para proteger los derechos ciudadanos frente a una violencia que "nos está destrozando".
Las movilizaciones comenzaron hace cinco semanas con demandas sectoriales, pero evolucionaron hasta convertirse en un reclamo único: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las protestas, lideradas por la Federación Campesinos Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos leales al expresidente Evo Morales, se extendieron a ocho de las nueve regiones del país.
El Gobierno boliviano acusa directamente a Morales de instigar las protestas. El expresidente se mantiene en la región del Chapare, evitando una orden de captura por un caso de presunta trata de menores.
La parálisis de las rutas provocó una grave escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal para hospitales y centros de salud. Según la Defensoría del Pueblo, de las 10 personas fallecidas, 7 corresponden a quienes no pudieron acceder a atención médica oportuna debido a los bloqueos o sufrieron retrasos en su traslado a centros de salud.
En las principales ciudades, las filas en las estaciones de servicio son interminables, con conductores que duermen en sus vehículos esperando cargar combustible.
En la madrugada del sábado 6 de junio, se produjo un operativo de desbloqueo en San Julián, a 117 kilómetros al noreste de Santa Cruz. El resultado fue:
El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que el caso más grave fue el del agente que recibió un proyectil en la cabeza y permanece en terapia intensiva. Otros tres policías sufrieron impactos en las piernas y dos más resultaron lesionados por objetos arrojados por los manifestantes.
El canciller argentino Pablo Quirno anunció el apoyo del Escudo de las Américas al gobierno democrático boliviano. Esta iniciativa regional busca proteger las instituciones democráticas en el continente ante situaciones de crisis institucional.
El presidente Rodrigo Paz lleva apenas seis meses en el poder. Según reportó, ya comenzaron a registrarse "avances concretos" con la llegada de más de un millón de litros de gasolina y 40.000 bombonas de gas a la región de La Paz y El Alto. El mandatario agradeció "la resistencia y la fortaleza" del pueblo boliviano.
Alfredo S. Quiroga
