14/06/2026 18:55 - Economia
Ilustración conceptual de un mercado digital moderno con productos flotando y elementos visuales que representan el comercio electrónico, en colores vibrantes y estilo isométrico limpio
El contrabando dejó de ser un problema marginal para convertirse en una de las principales preocupaciones de la economía argentina. Según un informe de la consultora MAP, durante 2025 el comercio ilegal generó una pérdida de ingresos fiscales estimada en USD 2.300 millones, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI).
Las dimensiones del problema son alarmantes: los recursos que el Estado dejó de percibir por falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos equivaldrían a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.
El estudio también reveló una pérdida de 10.000 puestos de trabajo directos en sectores productivos y ubicó a Argentina en el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por Tracit (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade).
| Sector | Pérdida estimada (USD millones) |
|---|---|
| Tabaco | 1.100 |
| Textiles | 370 |
| Neumáticos | 240 |
| Teléfonos celulares | 190 |
En el caso particular de los celulares, más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó por canales legales, según la entidad Afarte que nuclea a las empresas de electrónica. En rubros como indumentaria y calzado, la participación del mercado informal alcanza el 40%.
El crecimiento del contrabando reavivó una tensión entre los fabricantes y los marketplaces (plataformas de venta online como Mercado Libre). Mientras las empresas reclaman mayores verificaciones sobre los vendedores que operan en plataformas digitales, el sector del comercio electrónico sostiene que la fiscalización corresponde a los organismos públicos.
Las compañías exigen que las plataformas implementen controles más estrictos antes de habilitar publicaciones. Entre las medidas propuestas figuran:
Desde Afarte señalaron que "las firmas legítimas deben absorber costos adicionales de cumplimiento y control, como sistemas de trazabilidad y peritajes, para diferenciarse de productos contrabandeados que, al carecer de controles de calidad, no solo evaden impuestos sino que representan riesgos para la seguridad de los consumidores".
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) rechaza que se asocie al comercio electrónico como origen del problema. En diálogo con Infobae, destacaron que más del 90% de las transacciones se realizan mediante medios de pago digitales, lo que permite identificar a las partes involucradas y facilita el acceso a información relevante por parte de los organismos competentes.
Desde la cámara remarcaron que promueven "un ecosistema abierto, innovador y con la menor cantidad posible de trabas bucráticas" y que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación y la necesidad de asegurar condiciones de competencia transparentes.
Distintas áreas del Estado avanzan con mecanismos de coordinación para detectar publicaciones sospechosas y vendedores irregulares.
A fines de 2025, el Gobierno firmó un convenio con Meta (dueño de Instagram, Facebook y WhatsApp) que estableció un protocolo específico para el envío de información. El acuerdo comenzó a operar de manera efectiva en 2026 y permite centralizar denuncias que luego son remitidas a los equipos legales de la compañía. Desde abril se dieron de baja aproximadamente 30 perfiles vinculados con la venta de teléfonos celulares.
Desde marzo de 2026 funciona un esquema de intercambio de información entre Mercado Libre y ARCA orientado a categorías con alto nivel de contrabando: neumáticos, celulares, juguetes y cosméticos.
El acuerdo establece que la plataforma remite información sobre los 20 vendedores con mayor nivel de facturación y ARCA realiza cruces con la información tributaria disponible para detectar inconsistencias entre las ventas realizadas y las compras declaradas.
Desde Mercado Libre informaron que en 2025 respondieron a más de 3.000 requerimientos de información de ARCA y que cuentan con mecanismos de prevención y detección proactiva de fraudes. En el segundo semestre de 2025 analizaron más de 1.084 millones de publicaciones y el 99% de las infracciones fue detectado de forma proactiva, antes de cualquier denuncia externa.
Además, más de 87.000 propietarios de derechos de marca monitorean y reportan infracciones marcarias a través de su programa de Protección de Marcas.
La discusión también llegó al Parlamento. Los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que propone:
El debate sobre cómo combatir el contrabando en la era digital recién comienza, y encontrar el equilibrio entre control estatal, responsabilidad de las plataformas y protección al consumidor será clave para el futuro del comercio en Argentina.
Fuente: Infobae - 14 de junio de 2026
Alfredo S. Quiroga
